Análisis de la adecuación y funcionamiento de los sistemas antitrampas o «anti-cheat» en los videojuegos. Comentario especial del escaneo en tiempo real y a nivel de administrador del dispositivo de juego.

El estudio examina en profundidad la implementación y el impacto de cinco soluciones líderes: Vanguard (Riot), VAC (Valve), Easy Anti-Cheat (Epic), Ricochet (Activision) y BattlEye (Ubisoft) . A través de un enfoque mixto —pruebas prácticas con Procmon y Sysmon para capturar actividades a nivel kernel y flujos de red, y un análisis jurídico-técnico conforme al RGPD— se desvela cómo estos sistemas acceden sin restricciones a archivos, procesos y registros del dispositivo, y transmiten datos a servidores externos .

Los hallazgos principales revelan que el consentimiento se impone de forma coercitiva, careciendo de alternativa válida, y que el interés legítimo no justifica el grado de escaneo preventivo, vulnerando los principios de necesidad y proporcionalidad del RGPD . Además, la automatización completa de sanciones (art. 22 RGPD) priva a los jugadores de intervención humana previa y de información clara para impugnar decisiones, mientras que el uso de denuncias 100 % automatizadas y la grabación de chats sin consentimiento granular agravan los riesgos de privacidad .

El texto propone un marco de “privacidad por diseño y por defecto”: desactivar por omisión funciones invasivas, centralizar derechos y opciones de oposición en un panel de privacidad, e incorporar información de primera capa durante la instalación. También recomienda modelos de consentimiento específicos para menores, auditorías periódicas de algoritmos de detección y garantías previas a la sanción, así como canales de denuncia más transparentes y pseudonimizados, y la adopción de certificaciones independientes que avalen el cumplimiento normativo .

Finalmente, subraya la necesidad de preparar el terreno para futuras tecnologías como el eye-tracking y la captura de neurodatos, cuya incorporación plantea nuevos retos de “privacidad mental” que requerirán salvaguardias adicionales . En conjunto, el estudio concluye que, si bien estos sistemas son técnicamente eficaces contra el fraude, adolecen de mecanismos de transparencia y limitación adecuados, y deben evolucionar para garantizar la protección jurídica y de derechos digitales de los jugadores.